España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788)

CAUSAS DE LA GUERRRA DE SUCESIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS BANDOS EN CONFLICTO

En 1700, el último monarca de la casa de Austria, Carlos II, murió sin descendencia. Los candidatos a ocupar el trono, por sus vínculos familiares, eran fundamentalmente Felipe de Anjou, Borbón nieto de Luis XIV de Francia y de la princesa española María Teresa de Austria, y el archiduque Carlos de Habsburgo, hijo del emperador de Austria. El testamento de Carlos II designaba como su sucesor al candidato Borbón, que fue proclamado rey bajo el título de Felipe V.

El nombramiento del nuevo monarca provocó un conflicto grave para el equilibrio entre las diferentes potencias europeas. Su acceso al trono español fortalecía el poder de los Borbones en Europa y, rápidamente, Gran Bretaña, Holanda y Portugal declararon su apoyo al candidato austriaco, que contaba con el apoyo de otros territorios del Imperio, y entraron en guerra contra Francia y la España borbónica. De esta manera, la sucesión al trono español pasó de ser un conflicto interno a un grave problema de política internacional.

En el interior de España la cuestión sucesoria también dividió a los territorios peninsulares. Castilla se mostró fiel a Felipe V, a excepción de parte de la gran nobleza, temerosa de perder influencia ante el absolutismo borbónico. En cambio, en la Corona de Aragón, especialmente en Valencia y Cataluña, el respaldo al candidato austriaco fue mayoritario. Diversos eran los motivos de este apoyo: el mal recuerdo dejado por las tropas francesas en Cataluña durante el levantamiento de 1640 y el temor de las instituciones a perder su poder ante las tendencias centralizadoras y uniformadoras de la nueva monarquía. El enfrentamiento entre los dos candidatos al trono derivó en una guerra civil, que se desarrolló durante casi una década.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-nueva-espana-primeros-borbones-felipe-v/3282278/

EL NUEVO ORDEN EUROPEO SURGIDO DE LA PAZ DE UTRECHT Y EL PAPEL DE ESPAÑA EN ÉL

En 1711 un hecho cambió el curso de los acontecimientos: el 17 de abril murió el emperador de Austria, José I, y ocupó el trono el archiduque Carlos. Entonces el peligro para el equilibrio europeo lo constituía un Habsburgo en el trono de ambos reinos. Los ingleses propiciaron negociaciones y manifestaron su interés en reconocer a Felipe V como rey de España.

La paz entre los contendientes se firmó en los tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714). Felipe V salvó el trono, pero a cambio de la pérdida de los territorios de la monarquía en Europa. Los principales beneficiados fueron Austria, que se quedó con el Milanesado, Flandes, Nápoles y Cerdeña; y Gran Bretaña, que recibió Gibraltar y Menorca, así como privilegios comerciales con la América española (asiento de negros y navío de permiso). Saboya recibió Sicilia.

En 1713, cuando se firmó el Tratado de Utrecht, únicamente resistían Barcelona, algunas otras ciudades de Cataluña y las Baleares. Abandonados por el archiduque Carlos, las Cortes catalanas, reunidas en Barcelona, decidieron luchar contra los ejércitos borbónicos, que sitiaron durante meses la ciudad. El 11 de septiembre de 1714, las tropas de Felipe V tomaron Barcelona, y en 1715 ocuparon Mallorca.

Por tanto el tratado de Utrecht supuso la pérdida de poder de la Corona española en el contexto internacional, dando paso a un siglo de relativa estabilidad en que se intentó el equilibrio europeo y el evitar el dominio de unas potencias sobre otras. Además las vinculaciones familiares y la búsqueda de la defensa frente a Inglaterra llevaron a la Corona a firmar con Francia los Pactos de Familia entre los Borbones españoles y franceses.

Fuente: Atlas Historico http://epilatlashis.blogspot.com.es

LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA Y SU IMPORTANCIA EN LA CONFIGURACIÓN DEL NUEVO ESTADO BORBÓNICO

Los Borbones asumieron la tarea de unificar y reorganizar, bajo los principios del centralismo absolutista, los diferentes reinos peninsulares. Ello significó la pérdida de la soberanía, esencialmente, de los territorios de la Corona de Aragón, que pasó a ser integrada en un modelo uniformador y centralista aprovechando que se había posicionado contra los Borbones y que había sido derrotada.

Felipe V, mediante los decretos llamados de Nueva Planta (Valencia y Aragón, 1707; Mallorca, 1715; y Cataluña, 1716), abolió las instituciones políticas y las leyes propias de los territorios de la Corona de Aragón e impuso las leyes y la organización político-administrativa de Castilla. Así, con la excepción de Navarra y el País Vasco, que habían sido favorables a la causa borbónica, todo el territorio constituyó una única estructura de carácter uniforme.

La Nueva Planta abolió las Cortes de los diferentes reinos de la Corona de Aragón, integrándolas en las de Castilla, que de hecho se convirtieron en las Cortes de España. Consideradas incompatibles con la autoridad del monarca, las Cortes solo se reunían a petición del rey y para jurar al heredero.

Igualmente, el Consejo de Aragón fue abolido y el Consejo de Castilla se constituyó como el órgano esencial de gobierno del país, que ejercía funciones consultivas, tenía facultades legislativas y judiciales, y actuaba como Tribunal Supremo de Justicia.

LA CONFIGURACIÓN DEL NUEVO ESTADO BORBÓNICO

Por encima de cualquier institución, el Consejo de Castilla o las Cortes, se situaba el poder del monarca, que intervenía y decidía en todos los asuntos del Estado. Su labor era auxiliada por las Secretarías, parecidas a los actuales ministerios. Se crearon las Secretarías de Estado y Asuntos Extranjeros, Asuntos Eclesiásticos y Justicia, Guerra y Marina, y más tarde se creó la de Hacienda. Los secretarios eran nombrados y destituidos por el rey, de él dependían y a él rendían cuentas. Los secretarios contaban con la ayuda de un buen número de funcionarios.

También se procedió a una nueva y uniforme organización de todo el territorio. Así, se eliminaron los antiguos virreinatos (con excepción de los de tierras americanas) y se crearon demarcaciones provinciales. Al frente de cada una nombraron a un capitán general con atribuciones militares y administrativas, que ejercía como gobernador. Se implantaron también reales audiencias, presididas por los capitanes generales, que tenían competencias judiciales. Por último, se extendió a todo el territorio la institución de los corregidores castellanos para el control de las principales ciudades.

La aportación más novedosa del nuevo modelo administrativo fueron los intendentes, una figura de inspiración francesa. Estos funcionarios dependían directamente del rey, gozaban de amplios poderes y tenían como misión la recaudación de impuestos y la dinamización económica del país: controlar a las autoridades locales, impulsar el desarrollo de la agricultura y las manufacturas, levantar mapas, realizar censos, etc.

En Hacienda, se intentó un mayor control de los gastos y se redujeron las partidas para guerras exteriores. Se intentó que los habitantes pagasen impuestos en relación a su riqueza, incluyendo a los privilegiados (nobleza y clero), en los territorios de la Corona de Aragón. El éxito de estos nuevos impuestos hizo que en los años siguientes se intentara extender a toda España (Catastro de Ensenada, 1749-1753), pero la resistencia de los privilegiados impidió su aplicación.

POLÍTICA ECONÓMICA DE LA MONARQUÍA BORBÓNICA

POLÍTICA MERCANTILISTA

Durante la primera mitad del siglo XVIII los monarcas pretendieron favorecer la economía mediante una política mercantilista, que suponía la intervención del Estado para dirigir y proteger la actividad económica, especialmente el comercio. Esta política se concretó en diversos ámbitos:

Eliminación de aduanas internas para favorecer el comercio, aunque continuaron las de Navarra y Vascongadas, así como otros peajes.
Reorganización del comercio con América y estimulo a la creación de Compañías Privilegiadas de Comercio a las que el Estado concedía el monopolio sobre algunas rutas y productos.
Mejora de la flota para proteger militarmente las rutas.
Protección de la industria textil mediante la prohibición de importaciones o la fijación de aranceles a los tejidos extranjeros.
Creación de Reales Fábricas para abastecer la demanda de productos de lujo de la Corte.

LAS MEDIDAS LIBERALIZADORAS DEL COMERCIO COLONIAL

Los gobiernos españoles se preocuparon de revitalizar el comercio entre la Península y sus territorios americanos. A pesar de las dificultades que siguieron a la crisis económica del siglo XVII, era Indudable que las colonias constituían todavía una importante fuente de ingresos para la Corona.

Se mantuvo, en principio, el monopolio de un solo puerto, que ahora sería Cádiz (1717) por sus mejores condiciones, adonde se trasladó la Casa de Contratación de Sevilla. El tráfico y las rutas estaban muy controlados mediante flotas y galeones que iban exclusivamente a unos puertos determinados (Cartagena de Indias, Portobelo, Veracruz, Panamá, Callao y Acapulco). Desde estos puertos se transportaban los productos, por mar o por tierra, a otros lugares, lo que los encarecía notablemente.

Una de las primeras reformas fue la creación de compañías privilegiadas, a las que el Estado cedía, a cambio del pago de una cantidad, el monopolio sobre ciertas rutas o ciertos productos: la Compañía Guipuzcoana de Caracas, para comerciar el cacao venezolano; la Compañía de La Habana, para el azúcar y el tabaco de Cuba; la Real Compañía de Barcelona, que comerciaba con las Antillas. A pesar del monopolio y control ejercido, estas compañías competían a menudo con el contrabando británico.

Para fomentar el tráfico, en 1765 se abrieron al libre comercio algunos puertos españoles y otros americanos. En años sucesivos se abrieron algunos más y, por fin, en 1778, Carlos III promulgó un decreto que permitía que desde todos los puertos españoles cualquier comerciante español podía comerciar con América. Posteriormente, se concedió el mismo derecho a los comerciantes americanos y, en 1790, se suprimió la Casa de Contratación.

Cádiz continuó siendo, por el volumen de sus negocios, el gran puerto español en el siglo XVIII, albergando la ciudad una burguesía mercantil rica y cosmopolita. Sin embargo, sus negocios eran esencialmente de re-exportación: allí llegaban mercancías de toda Europa que eran embarcadas hacia América, pero su actividad influía poco en la prosperidad del resto de Andalucía. En cambio, puertos como el de Barcelona se especializaron en la exportación de productos locales (aguardientes, tejidos...), generando un proceso de crecimiento económico en el conjunto de toda Cataluña.

EL IMPULSO A LAS MANUFACTURAS

El interés de reyes y ministros del siglo XVIII por el desarrollo económico impulsó, siguiendo el ejemplo francés, la creación de manufacturas, un sistema de producción surgido en Europa en el siglo XVII, en el cual numerosos trabajadores fabricaban, todavía manualmente, en talleres grandes un producto determinado.

El Estado creó numerosas manufacturas reales (tapices y cristales en La Granja, tabacos en Sevilla, porcelana en Madrid ... ), cuyo beneficio económico era poco importante, porque la producción era absorbida por los palacios reales y los edificios oficiales. También se crearon manufacturas de carácter utilitario, sobre todo para la producción de paños de lana. Entre estas destacó la de Guadalajara.

Pero la escasez de mercados para dichos productos y la escasa rentabilidad de las nuevas fábricas orientaron la política manufacturera hacia el impulso de los establecimientos privados. Durante el reinado de Carlos III, bajo la influencia de Campomanes, se inició una política de reducción de los privilegios gremiales y se abolió la "deshonra legal del trabajo", que impedía a los nobles e hidalgos la realización de trabajos manuales. Esto facilitó la creación de manufacturas, a la vez que se ofrecían ayudas para la instalación de las nuevas industrias. Las nuevas formas de producción se desarrollaron por toda España, pero tres fueron los núcleos más activos: Valencia, el País Vasco y Cataluña.

En Cataluña, donde ya existía una incipiente industria textil, se dieron las manufacturas de indianas, tejidos de algodón estampado, que fueron posibles gracias a la inversión de capitales de la burguesía procedentes del comercio o la agricultura de exportación. Será aquí donde con la introducción de los primeros telares mecánicos en 1780 se inicie el proceso de industrialización en España. En Valencia tuvo un crecimiento muy importante la industria de la seda, controlada por comerciantes que combinaban el trabajo a domicilio con la instalación de factorías con máquinas modernas. En el País Vasco se incrementó la producción de hierro, sobre todo a raíz de la prohibición de importación de productos de hierro extranjeros.

REFORMISMO CON RESPECTO A LA AGRICULTURA

Siguiendo las tendencias de la época, la agricultura fue considerada la principal fuente de riqueza del país, por lo que los ministros reformistas le dedicaron su atención, especialmente en el reinado de Carlos III. Así se adoptaron en este periodo medidas como la libertad de comercio de cereales (1756), el recorte de los privilegios de la Mesta o la distribución de tierras de propios a arrendatarios que pudieran labrarlas. En esta misma línea se apoyó la propuesta del ministro Olavide de colonizar nuevas tierras en Sierra Morena, así cómo proyectos de regadío por medio de la construcción de canales.

Aparecieron proyectos teóricos para analizar los problemas del campo con vistas a una posible reforma agraria, impulsados por los grupos ilustrados de las Sociedades Económicas de Amigos del País y por ministros como Campomanes o Jovellanos (Informe sobre la Ley Agraria).

El canal de Carlos III en Huéscar

IDEAS FUNDAMENTALES DE LA ILUSTRACIÓN Y CONCEPTO DE DESPOTISMO ILUSTRADO EN ESPAÑA

La ilustración fue una corriente intelectual que predominó en Europa en el siglo XVIII. Sus seguidores tenían fe en la razón para poder explicar la naturaleza y la sociedad, y pensaban que el fin del ser humano era la búsqueda de la felicidad y el progreso. Por ello criticaban la sociedad estamental y la política del Antiguo Régimen, así como el dominio ideológico de la iglesia y las supersticiones, y buscaban la igualdad de derechos, la extensión de la educación y el conocimiento, y una mayor participación de la sociedad en la política.

Los españoles ilustrados fueron pocos, pero intentaron la búsqueda de soluciones ante la decadencia económica y social. La mayor parte provenían de la pequeña nobleza sin títulos (hidalgos) y de la burguesía letrada (profesiones liberales: médicos, abogados, escritores...). Su eclosión se produce en la segunda mitad del XVIII, con muchos nombres ligados al gobierno de Carlos III, como Campomanes, Floridablanca, Aranda o Jovellanos.

EL DESPOTISMO ILUSTRADO

En muchas monarquías europeas se intentaron seguir algunas de las ideas de progreso y reformas de la ilustración, siempre que no se pusiera en peligro a la monarquía absoluta, naciendo así el concepto de despotismo ilustrado, cuyas intenciones se pueden resumir en la frase “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. El reinado de Carlos III (1759-1788) es el ejemplo español de esta forma de gobierno y sus reformas se pueden resumir en: desarrollo y mejoras en agricultura, como la colonización de nuevas tierras, extensión del regadío, limitación de privilegios de la Mesta y proyectos de reforma agraria (Jovellano); impulso a las manufacturas, con la abolición de la deshonra legal del trabajo, reducción de los privilegios gremiales y protección de las industrias internas; en comercio, apertura de puertos para el comercio con América, mejora de la infraestructuras de transporte para el comercio interior, libre circulación de granos; control de la Iglesia (regalismo) y expulsión de los jesuitas; reforma de la educación, promoviéndola y creando escuelas de artes y oficios y academias; creación de Sociedades Económicas de Amigos del País, que promovían el desarrollo económico y cultural; creación del Banco Nacional de San Carlos.

Los ilustrados españoles tuvieron que apoyarse en el poder real para intentar llevar a cabo sus reformas, ya que en muchos casos el pueblo era reticente a ellas y su límite estaba también en no perjudicar a la monarquía y o las clase que habían ostentado el poder tradicional (nobleza y clero). Una muestra de la reticencia de la sociedad hacia la modernización la encontramos en el conocido como motín de Esquilache, ocurrido en Madrid en 1766, bajo el reinado de Carlos III, y propagado a otros lugares de España. El detonante fue la decisión del ministro Esquilache, de origen italiano, de cambiar la tradicional indumentaria española, consistente en capa larga y sombrero de ala ancha, por la capa corta y tricornio, argumentando que servía para portar armas y enmascarar actos delictivos. Esta medida aumentó el descontento existente a causa de la subida de los precios del pan y de otros productos de primera necesidad. Los amotinados exigieron al rey la destitución de los ministros extranjeros y la reducción del precio de los alimentos y el monarca tuvo que ceder a estas exigencias.